Consiste en un plan de acción recogido en un documento, que tras la evaluación de los resultados obtenidos en el diagnóstico de situación, incluye una serie de acciones y medidas, con el objetivo de lograr en el municipio la incorporación de las políticas de igualdad necesarias para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Supone un compromiso por parte de la corporación local, que se ha de concretar en unos objetivos y acciones a desarrollar, acotado en el tiempo, y dotado de los medios y recursos necesarios para su puesta en marcha.
Se inspiran en el principio de transversalidad, promoviendo la defensa y garantía de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las actividades, a todos los niveles, y evaluando sus efectos.
En su artículo 9.2, dice textualmente que los poderes públicos son los encargados de «promover las condiciones para que la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas».
En su artículo 15, dice textualmente que «las Administraciones públicas integrarán el principio de igualdad en la definición y presupuestación de políticas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades».
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